Se analizarán en este informe, la existencia de dos fallos adicionales provenientes de las Salas I y II de la Cámara de la Seguridad Social, que deben ser integrados a los fines de su interpretación con el ya analizado en su momento dictado por la Sala III.

 

Nuestro Estudio Contable Impositivo le dará el asesoramiento que Ud necesita sobre la materia. Consúltenos 

Hemos considerado conveniente, para facilitar la comprensión del contexto normativo, reproducir en éste, nuestro anterior informe, con la inclusión de los comentarios de los fallos antes mencionados.

 

Como es sabido, a partir del 30.4.2013, la Resolución de la Secretaría 50/2013 actualizó los topes, discriminados según las diversas categorías de actividad, a los fines de definir las empresas que califican como micro, pequeñas y medianas empresas, a cuyo efecto se exige que las  ventas totales anuales expresadas en pesos que registren, no superen los siguientes valores:

Agropecuarias

$ 54.000.000

Industria y minería

$ 183.000.000

Comercio

$ 250.000.000

Servicios

$ 84.000.000

 

Esta disposición introduce, además, varias modificaciones sobre el texto de su antecesora, la Resolución 24/01 de la ex Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. No obstante, centramos este informe en  la incidencia que tiene dicha modificación sobre los topes, respecto del beneficio de reducción de alícuota previsional previsto en el Dto.814/01. Recomendamos un análisis pormenorizado de la nueva Resolución para definir los diversos aspectos adicionales que pueden influir en la categorización de las empresas dentro de las disposiciones de la Ley 25300.

A los fines del presente informe, cabe recordar, pues,  que en el caso del tope establecido para las actividades comerciales, la R.24/01 tiene vinculación y trascendencia, con relación a lo dispuesto por el decreto 814/01, norma que establece una alícuota reducida para las contribuciones patronales (art.2do. inc.b) en tanto se cumplan determinadas condiciones.

Recordamos que el art.2º del Dto.814/01, modificado por la Ley 25453 (art.9º), estableció las alícuotas correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de Seguridad Social regidos por las leyes 19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo), 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), a saber:

 

a)      21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467.

b)      17% para los restantes empleadores no incluidos en el inciso anterior. Asimismo será de aplicación a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1° de la ley 22.016 y sus modificatorias.

 

El Decreto 1009/01, extendió el alcance de la reducción a las empresas comerciales y prestadoras de servicios, en tanto ambas no superaran el tope de $ 48.000.000.
 
Dicho tope guardaba relación con el tope máximo de ingresos establecido por la Resolución 24/01 de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa para que una empresa con objeto comercial pudiera quedar calificada como Pequeña o Mediana empresa.
 
El tope de $ 48.000.000.-  según el texto del decreto 1009/01 nunca fue actualizado.
 
La Resolución General 1095 de la AFIP reglamentaria del mencionado decreto, tampoco fue objeto de modificación, y ella también hace referencia al mencionado tope de $ 48.000.000.- en su artículo 2do.
 
En contraposición, los topes de la Resolución 24/01 (reglamentaria de la ley 25300) si fueron actualizados hasta el presente.
 
La Resolución 147/06 elevó el tope para el sector Comercio a $ 88.000.000.-, la Resolución 21/2010 lo llevó a $ 111.900.000. y la Resolución que ahora se dicta lo fija en $ 250.000.000.
 
La posición seguida por la AFIP, ante la dicotomía señalada,  ha sido hasta el momento la de aferrarse al texto puntual del Decreto 1009/01, es decir, tomar en cuenta el tope de $ 48.000.000.- Situación que desde el plano estrictamente literal de la parte resolutiva tiene apoyatura, atendiendo también a la falta de modificación de la R.G. 1095.
 
Sin embargo, en el año 2009, una de las tres salas de la Cámara de la Seguridad Social  (III) ha dictado un fallo (CODIMAT) según la cual considera que el tope del dto.1009/01 debe adecuarse a las modificaciones que sufra el mismo como consecuencia del dictado de nuevas disposiciones que reformen la mencionada Resolución 24/01. Se fundamenta el fallo, en el puente que al efecto contiene uno de los considerandos de dicho decreto. Dicho considerando dispone "Que en tal sentido resulta procedente aplicar a tales fines las disposiciones de la Resolución de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001, y su modificatoria".

Dicha sentencia fue apelada por la AFIP a través de un recurso extraordinario que finalmente fuera rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por sentencia de fecha 31.7.2012, sin entrar a considerar la cuestión de fondo, por lo que a la fecha dicho decisorio se encuentra firme.
 

Por otra parte, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en autos “Vía Bariloche S.A. c/Afip S/Impugnación de deuda” siguió, por mayoría, un similar criterio al que la Sala III estableciera en el fallo “CODIMAT”.- Como dato novedoso es que, a diferencia de la empresa CODIMAT, la firma “Vía Bariloche” es una empresa de servicios de transporte, circunstancia ésta  que la Sala no consideró relevante a la hora de establecer el tope actualizado, adoptando al efecto el establecido por la Resolución 675/02 para la actividad de “Comercio” y no de “Servicios” de consuno con el criterio establecido por el Decreto 1009/01 que adoptó un criterio vinificado para ambas actividades.

 

En dicho contexto, cabe incorporar un fallo dictado por  la restante Sala (I) de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la causa “PANATEL S.A. c/AFIP s/Impugnación de deuda” por sentencia de fecha 22.10.2012.

 

En este fallo, la Sala, si bien esgrime  que el tope deber ser actualizado, considera que la apelante, en tanto prestadora de servicios, sólo podía usufructuar el establecido por la  Resolución 147/06  para la actividad de Servicios, es decir de $ 21.600, y no el de $ 86.400 para la actividad de “comercio”. En virtud de ello resuelve rechazar la pretensión de la apelante, en tanto sus ingresos superaban el tope de $ 21.600, y además, también el tope de $ 48.000.000 establecido por el Decreto 1009/01.-

 

De acuerdo con los antecedentes antes señalados, se verifica en los tres fallos mencionados, provenientes de cada una de las Salas que integran la Cámara Federal, un hilo conductor común, y es el relativo a que el importe original establecido por el Decreto 1009/01 debe ser actualizado.

 

Sin embargo, se advierte también una diferencia entre los fallos de la Sala II y la I, con relación al modo de actualización de dicho tope, dado que para sujetos que revestían en la actividad “Servicios”, la Sala II considero que igualmente se aplicaba el tope previsto para la actividad “Comercio”, siguiendo el criterio del Dto.1009/01, mientras que la Sala I, lo adecua exclusivamente a la actividad de Servicios.

 

La Sala III, todavía no se ha pronunciado sobre este aspecto, dado que en el fallo CODIMAT, la empresa tenía actividad comercial.


Es posible que ante la diversidad señalada, en algún momento se apele a una convocatoria de un tribunal plenario, en los términos del art.303 del CPCCN, con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias.

 

Mientras ello no suceda, lo que se conoce es el criterio contrapuesto en este punto entre la Sala II y la I, quedando como incógnita el temperamento que ha de seguir la Sala III.

 

Como se decía en nuestro informe anterior, el quid de esta cuestión, radica en determinar interpretativamente, qué grado de autonomía puede asignársele al Decreto 1009/01 a los fines de hacer jugar el criterio unificado que adopta, respecto de las actualizaciones de los topes (diversificados según actividad) establecidas por las sucesivas normas modificatorias de la Resolución 24/01.-

 

Se advierte, por un lado que la situación es compleja, ante la falta de una norma específica, como sería el dictado de un decreto que modifique el tope establecido por el Decreto 1009/01.

 

No obstante, en las condiciones actuales, cabe tener en cuenta que la Sala II se ha pronunciado por la aplicación unificada del tope para Comercio, mientras que la Sala I ha dispuesto la aplicación del tope según la actividad de la empresa.

 

Ante ello, el estado de incertidumbre subsiste, pero en un contexto más definido, en virtud de la existencia de los dos nuevos fallos comentados en este informe, y adherimos  desde un enfoque técnico con el criterio sostenido por la Sala II, en tanto el decreto 1009/01 estableció un criterio unificado para fijar el tope, y si se admite su actualización, pareciera lógico y razonable que se siguiera idéntico criterio, y no introducir un criterio de disquisición adicional  de raigambre exclusivamente pretoriana, que se aparte de los términos de aquél. Ello sin perjuicio de reconocer que la sentencia de la Sala I, introduce un factor de incertidumbre que será del caso evaluar, de acuerdo a la política de absorción de riesgos que rija en cada empresa.

 


Buenos Aires, 29 de julio de 2013

Fuente: Estudio Osvaldo Soler

Estudio AGML: Estudio Contable Impositivo

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