Señalaremos los numerosos inconvenientes que presenta el proyecto de ley encaminado a facultar a los municipios de la provincia de Buenos Aires que así lo decidan, para que apliquen un régimen de recaudaciones bancarias en relación con la tasa de salud, seguridad e higiene.

 

Es de significar que el proyecto en cuestión fue conocido a mediados del año 2012, aumentando notablemente en este momento la preocupación de los sectores involucrados toda vez que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. La autora del proyecto en cuestión es la diputada María Laura Lacava.

Algunos de los fundamentos del proyecto

Citan que con la sanción de la Ley 13.850 se introdujo en la provincia de Buenos Aires un mecanismo de percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos consistente en la retención en la fuente de la alícuota que, según la categoría del contribuyente, corresponde aplicar sobre los ingresos gravables del mismo que efectivamente se concreten mediante depósitos bancarios, sean los mismos efectuados con cheques, transferencias bancarias o depósitos en efectivo.

Entre otros muchos, agrega que dicha modalidad ha permitido una sensible optimización del sistema de recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, reduciendo ostensiblemente -en el marco de una economía cada vez más bancarizada- los niveles de evasión y elusión tributarias, sin mella alguna de los derechos y garantías del contribuyente, desde el momento en que el mismo se encuentra facultado para tomar como pagos a cuenta del tributo en cuestión las referidas retenciones.

Parte dispositiva del proyecto:

ARTÍCULO 1° - El régimen establecido en el artículo 13 de la Ley 13.850 para el Impuesto a los Ingresos Brutos podrá ser utilizado para la percepción de la tasa de inspección, seguridad e higiene, por aquellos municipios que, a través de la autoridad competente, decidan establecer, en la forma, modo y condiciones que disponga, un régimen de recaudación del referido tributo municipal (el resaltado es nuestro), que se aplicará en relación con los pagos que efectúen las entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526 a contribuyentes del citado impuesto, con motivo de la presentación al cobro de cheques, cualquiera haya sido la modalidad en que los mismos hubiesen sido extendidos.

Los importes recaudados se computarán como pago a cuenta del gravamen a partir del anticipo correspondiente al mes en el que el cheque hubiere sido presentado para el cobro conforme lo determine cada jurisdicción municipal a través de su respectiva autoridad de aplicación.

A efecto de lo previsto en el presente régimen, resultarán de aplicación las disposiciones pertinentes de la normativa fiscal e impositiva municipal referidas a la actuación de los agentes de recaudación.

ARTICULO 2°- De forma.

Norma provincial en la que se base el proyecto

Se trata de la Ley 13.850 publicada en el Boletín Oficial el 29/07/2008 y con vigencia desde esa misma fecha, la cual produjo una amplia reforma tributaria.

Más precisamente el artículo 13 de esa norma es la que sirve de base al proyecto que estamos analizando y a través del cual se facultó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires a establecer, en la forma, modo y condiciones que disponga, un régimen de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, que se aplicaría en relación con los pagos que efectúen las entidades financieras regidas por la Ley 21.526 a contribuyentes del citado impuesto, con motivo de la presentación al cobro de cheques, cualquiera haya sido la modalidad en que los mismos hubiesen sido extendidos.

El mismo fue reglamentado por la resolución normativa ARBA 14/2009 -Boletín Oficial 16/04/2009- (conocida como Plan Anticrisis) en su capítulo II, artículos 2º y siguientes. Su vigencia estaba prevista a partir del 1 de mayo de 2009.

La fecha prevista para su entrada en vigencia sufrió sucesivas prórrogas hasta que finalmente el régimen fue dejado sin efecto en la faz normativa al igual que el régimen de información que lo había suplantado.

En conclusión y a pesar de la voluntad que tuvo la ARBA en aplicarlo, pero atendiendo a sus propios estudios y a los reclamos de los actores involucrados, debió dejarlos sin efecto suponemos por considerarlos inaplicables.

Objeciones que merece desde el punto de vista legal

La Tasa por Inspección de Salud Seguridad e Higiene, incide sobre el desarrollo de la actividad industrial, comercial y de servicios.

Su denominación varía según los municipios que la aplican: Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Tasa por Actividades Varias, Derechos de Registro e Inspección, Contribución por Actividades Comerciales, etcétera.

El hecho imponible -en general- está definido como "los servicios de inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene de comercios, industrias, servicios y actividades asimilables que se desarrollen en locales, establecimientos u oficinas" que funcionen dentro del ejido municipal.

Del hecho imponible (en rigor, de la naturaleza jurídica de la tasa) se desprende como requisito ineludible que deba existir "la prestación de un servicio" en un local o establecimiento del sujeto pasivo en la jurisdicción. Se avanza en definir la base imponible a la cual se le deberá aplicar la alícuota para llegar al monto de la tasa a tributar.

Con ese objeto, los municipios han adoptado tres criterios bien diferenciados: ingresos brutos, personal en relación de dependencia y metros cuadrados cubiertos. Algunos municipios han optado por la combinación de algunos de ellos, por ejemplo personal en relación de dependencia y metros cuadrados, o ingresos brutos y personal ocupado.

Apreciamos que la tasa en cuestión -y con independencia del modo en que se fije su base imponible (ingresos brutos, cantidad de personal, superficie, etc.)- no tiene relación con la actividad desplegada por el contribuyente ya que la misma se origina (como señalamos arriba) en los servicios de inspección de salud, seguridad e higiene, que en teoría se brinda al contribuyente, pero repetimos no con su actividad y en consecuencia no puede ordenarse recaudar sobre importes que hacen a la actividad del contribuyente pero no al hecho imponible que da origen a la aplicación de la tasa.

Objeciones que merece desde el punto de vista operativo

Si bien entendemos que es inviable establecer un sistema de recaudación como el que propone el proyecto de ley, en el caso que se aprobase su aplicación, desde el punto de vista operativo se deben tener en cuenta, entre otros las siguientes cuestiones:

1. El mecanismo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 13.850, reglamentado por la resolución normativa ARBA 14/09, nunca resultó de aplicación, con lo cual mal puede esgrimirse como justificativo del régimen que pretende crearse, primer párrafo de la exposición de motivos.

Llama la atención el desconocimiento del legislador que en el segundo párrafo de la exposición de motivos habla "...de la sensible optimización del sistema de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos...", afirmación errónea repetimos ya que nunca se aplicó.

2. De la lectura del cuarto párrafo de los fundamentos pareciera ser que la tasa sería de aplicación solamente cuando la base imponible esté constituida por los ingresos brutos del contribuyente, pero de la lectura del artículo primero de la parte dispositiva se desprende que podrá ser utilizado por los municipios que decidan hacerlo, se desprende entonces que no interesa el modo en que se fije la base imponible.

3. En el quinto párrafo de los fundamentos se expresa que la iniciativa que se propone se viene aplicando para la percepción de la tasa de seguridad e higiene en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires., afirmación equivocada también ya que en esa jurisdicción nunca se aplicó la tasa en cuestión.

4. En el antepenúltimo párrafo de la exposición de motivos se cita como antecedente a la Municipalidad de Avellaneda, si bien no hemos podido rastrear un antecedente tan viejo y falto de actualidad, sí podemos afirmar que ese municipio no aplica régimen alguno similar al que se propone en el proyecto bajo análisis.

5. Dado el gran número de municipios que existen en la provincia de Buenos Aires, la norma debiera establecer con claridad la faz operativa del régimen, de lo contrario los contribuyentes que tributan bajo el régimen del convenio multilateral (artículo 35) con actividad por ejemplo en 30 municipios podría llegar a ocurrirles que existiesen 30 regímenes diferentes entre sí, provocando un caos imposible de resolver para ellos. Lo mismo ocurriría con los contribuyentes directos de la provincia de Buenos Aires, pero que desarrollan su actividad en dos o más municipios.

Algunas cuestiones, entre muchas otras, que debieran se contempladas

Modo en que se informará a los agentes de recaudación los porcentajes a aplicar: a saber alícuotas por actividad, sistema de padrones, etcétera.

Exclusiones

Cuestiones vinculadas con la acumulación de saldos a favor.

Mecanismo para solicitar la exclusión cuando se generen saldos a favor permanentes.

Modo para desconformarse con las alícuotas de recaudación que se apliquen.

Modo para desconformarse con erróneas inclusiones en el régimen.

Fuente: Ámbito.com

Estudio AGML: Estudio Contable Impositivo

Te 4571-6059

Cel 156-8021497

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