La Resolución 1467 emitida por la Procuración General de la Nación con fecha 10/7/2014 dejó sin efecto la instrucción general dictada por la resolución (PGN) 5/2012.

 

 

 

A través de aquella instrucción  el entonces Procurador General de la Nación había instruído a todos los fiscales con competencia en materia penal para que se opusieran a la pretensión de aplicar retroactivamente la ley 26735 en cuanto ajustó los montos a partir de los cuales son punibles algunos de los comportamientos criminalizados en la ley penal tributaria (L. 24769).

 

Dicha norma  se fundó en la interpretación según la cual el aumento dispuesto por la ley 26735, por ser una actualización para compensar una depreciación monetaria, no genera un derecho a su aplicación retroactiva en los términos de los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La jurisprudencia del fuero en lo penal federal, inclusive la Cámara de Casación Penal, era uniforme en el sentido que la elevación de los importes mínimos de $ 100.000 y $ 1.000.000.- a $ 400.000 y $ 4.000.000 para los delitos de evasión simple y agravada tenía efecto retroactivo, en oposición al criterio asumido en su momento por la Procuración General de la Nación.

Con fecha 18/2/2014 en autos  "Soler, Diego s/recurso de casación", S.765.XLVIII, .la Corte  resolvió desestimar el recurso interpuesto por el fiscal con la sola invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación  Dicho artículo  establece que la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de la misma podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.

La Procuración asumió que desde la fecha del fallo hasta la actualidad la Corte se ha pronunciado en numerosos casos en igual sentido

En dicho contexto y a efectos de evitar dispendios jurisdiccionales se ha resuelto dejar sin efecto la instrucción 5/2012 de manera tal que, a partir de ahora,  cada uno de los magistrados competentes (fiscales)  deberá juzgar en cada caso, si corresponde encarar la actividad impugnativa o consentir el fallo adverso al criterio sustentado por aquella  instrucción.-

Fuente: Estudio Osvaldo H.Soler