Las prestaciones realizadas en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en nuestro país, cuando los prestatarios revistan la calidad de responsables inscriptos, comúnmente la “importación de servicios”, se encuentran tipificadas en el objeto del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

De igual modo que para la importación de mercaderías donde el importador asume el carácter de sujeto sustituto –reemplaza al exportador del exterior- y tiene la obligación de ingresar en la Aduana el IVA respecto de las mercaderías que importa al país, en el caso de la “importación de servicios” quien reviste como sujeto sustituto es el prestatario local.

 

A los efectos de ingresar el IVA correspondiente a  la importación de servicios, la AFIP dispuso en el año 1999, a través de la RG AFIP Nº 549 (modificada y complementada posteriormente) un procedimiento mediante al cual el prestatario queda obligado a ingresar al fisco el IVA correspondiente a la “importación de servicios” y, en su defecto, el “cobro” e ingreso del gravamen queda a cargo de la entidad financiera interviniente en el pago al exterior de la respectiva prestación.

 

El IVA ingresado a través del mecanismo señalado resulta computable como crédito fiscal en la declaración jurada del mes siguiente. En el caso de las entidades financieras, por sus propias actividades y como prestatarias, el ingreso del IVA se materializa aumentando el debito fiscal.

 

Los “servicios importados” pueden ser de distinta naturaleza; entre los conceptos habituales podemos citar a los intereses de préstamos tomados en el exterior, regalías o derechos de uso de programas informáticos, transferencia de tecnología, asesoramiento, etc.

 

En los ejemplos señalados, las rentas generadas por aquellas prestaciones –en términos generales- constituyen ganancias de fuente argentina quedando sujetas al pago del gravamen. En ciertas ocasiones el prestatario o deudor local se hace cargo del impuesto a las Ganancias que le correspondería pagar al beneficiario del exterior (“grossing up”) de modo tal que, éste percibe el importe de su prestación sin deducción de impuestos.

 

 

Fallo de la Corte Suprema de Justicia

 

En un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (Puentes del Litoral S.A. -20/08/2014), el máximo tribunal concluye una vieja discusión respecto a si correspondía o no incluir en la base imponible del IVA con relación a la “importación de servicios”, el impuesto a las ganancias del beneficiario del exterior tomado a cargo por el prestatario o deudor local. Finalmente la Corte falló a favor de la postura de la AFIP en el sentido que corresponde incluir el grossing-up en la base de IVA. Ello implica que para la AFIP ya no existen dudas y en los casos que detecte una postura distinta efectuará el reclamo pertinente.

 

 

Responsabilidad por la inclusión o no del grossing-up en la base imponible del IVA-Importación de Servicios

 

Según anticipamos más arriba el IVA-Importación de servicios deber ser determinado e ingresado –en principio- por el prestatario o deudor local, de acuerdo a las prescripciones de la RG 549/99, en los siguientes términos:

 

ARTICULO 1°. –– Los sujetos a que se refiere el inciso g) del artículo 4° (los prestatarios o deudores locales), de la Ley del IVA, determinarán el impuesto correspondiente a cada uno de los hechos imponibles establecidos por el inciso d) del artículo 1° de la mencionada Ley (“importación de servicios”), e ingresarán el monto resultante dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la fecha del perfeccionamiento de cada uno de aquellos hechos, conforme a lo dispuesto por el inciso h) del artículo 5° de la citada Ley (“finalización de la prestación o pago del precio, lo que fuere anterior”) 

 

Ahora bien, cuando el prestatario gira los fondos al prestador del exterior para cancelar la respectiva operación, debe hacerlo a través de una entidad financiera regida por la Ley 21526. En tal circunstancia, el prestatario puede o no haber ingresado el IVA-importación de servicios, generándose las siguientes situaciones previstas en el artículo 4 de la resolución citada:

 

a)    el prestatario ingresó el impuesto con anterioridad

 

“Cuando el prestatario de los servicios citados haya ingresado el impuesto con anterioridad al momento en que la entidad financiera debería cobrarlo …, aquél quedará liberado del ingreso referido siempre que entregue a la mencionada entidad una fotocopia del correspondiente comprobante de pago, con firma original del responsable o persona debidamente autorizada. El presente procedimiento de cobro no libera al prestatario de su responsabilidad por la mora en que pudiera haber incurrido".

 

 

b)    el prestatario no ingresó el impuesto y la entidad financiera lo cobra

 

"Las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, que intervengan…, deberán cobrar, de los respectivos prestatarios, el monto del impuesto resultante de la determinación mencionada en dicho artículo 1º, en el momento en que perciban, total o parcialmente, el rendimiento de la respectiva prestación o colocación.

 

A tal fin, el prestatario deberá entregar a la entidad financiera interviniente una nota, que revestirá el carácter de declaración jurada y contendrá la determinación indicada en el párrafo anterior, identificando —además de la base imponible y del impuesto a ser cobrado por la referida entidad— al responsable del tributo y al destinatario del rendimiento.”

 

Como puede colegirse de los 1º y 4º señalados, la RG 549/99 establece expresamente la responsabilidad por la base imponible para el IVA-importación de servicios declarada en cabeza del prestatario o deudor local.  Es decir, quien “determina” el impuesto es el prestatario o deudor local y la entidad financiera solamente se ocupa de “cobrar” el impuesto que el cliente le indica o, recibir copia del ingreso del impuesto efectuado con anterioridad por el prestatario

 

Bajo tales conceptos, la entidad financiera no puede ni debe objetar el importe de la base imponible que le indique el cliente, ya sea por el tema del impuesto a las ganancias (“grossing-up”) o por aplicación de exenciones o prorrateo.